Armando Salazar (*)

SAN SALVADOR-Los medios, los partidos de derecha y gremiales empresariales han continuado con su campaña en contra de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que eliminó impunidad de los medios y propietarios para ofender y denigrar. Parcialmente, la Corte les ha recortado esta impunidad de distorsión pública. Están avisados.

Incluso, algunos ex funcionarios areneros y los mismos “tanques de pensamiento” de derecha, llamando a la racionalidad a estos “letrados”, les están diciendo que lo hay que hay que hacer es una regulación de la libertad de expresión e información y que esa tarea, la Asamblea Legislativa, tendría responsabilidad de articularla en una ley.

Y aquí es donde pueden asomarse también cosas delicadas, tal como actualmente está conformado el poder legislativo. La derecha legislativa y otros asesores “jurídicos” ya han anticipado sus propósitos de maniobrar para recuperar los privilegios perdidos por la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es decir: pretenden retorcer nuevamente leyes, para restablecer impunidad y privilegios de otro actor político en el país: las grandes empresas y concentraciones mediáticas, especialmente de la televisión, la radio y prensa escrita que impone y satura una mayor exposición a los “receptores”.

No es secreta la alineación política de derecha de estos medios, que han abusado arbitrariamente (albarda sobre aparejo) de la libertad de expresión e información con los aplausos de los grupos de poder.

Los Acuerdos de Paz (1992), cerraron precisamente la expresión armada de un conflicto económico, social y político aún latente. Antes y durante este conflicto bélico, la libertad de expresión por parte del movimiento social y político, de las personalidades democráticas, humanistas y religiosas, incluso de las solidarias, profesionales y humanitarias, fue realizado con astucia, desafíos y siempre arriesgando la vida para verter nuestra información u opinión y desmentir la versión oficial y del poder.

Así como antes, nadie en este país puede hablar de que todos tenemos hoy igual ejecución del derecho de expresión y de información. No hay ni ha habido nunca simetría alguna en el ejercicio de estas libertades. Los pocos avances han costado muchísimo a este pueblo.

Desde décadas atrás, estos “grandes” medios o empresas mediáticas han trabajado meticulosamente por restringir el conocimiento y re-conocimiento de la realidad y la verdad hacia lo público. Han vetado y restringido el reconocimiento de “otros” sujetos sociales. Han restringido, burlado y despreciado a grandes sectores sociales y políticos que precisamente sienten, piensan y siguen trabajando por cambiar este sistema empotrado en la injusticia, la corrupción y la imposición.

Hoy, estas empresas mediáticas, pretenden seguir manteniéndose como supuestos árbitros de lo que existe o no en este país; de los espacios de difusión o relevancia pública que tiene o no un acontecimiento de interés para la sociedad entera.

Y esto sucede no solo en los hechos diarios transmitidos o difundidos torcidamente por su enfoque empresarial. Esto alcanza mayores relevancias en las campañas políticas o electorales, donde estas empresas siguen actuando como sujetos políticos alineados con los tradicionales grupos de poder y que ejecutan deliberadamente un trabajo político cotidiano que se entreteje con las prácticas y relaciones sociales.

Es por ello la insistencia que los medios de comunicación y el trabajo periodístico son fundamentales para difundir la realidad y la verdad. Y en la medida que estas se visibilizan y son apropiadas por la ciudadanía, la democracia tiene más oportunidad y el desafío para crecer y fortalecerse.

(*) Periodista y colaborador de ContraPunto