José Vicente Coto Ugarte es el director Nacional de Medicamentos. Hasta ayer fungía como director del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)

Por Gloria Morán

Foto: Capres

SAN SALVADOR – Diez días después de que entrara en vigor la Ley de Medicamentos y tras varios reclamos de la sociedad civil y la industria farmacéutica, el presidente Mauricio Funes nombró al director Nacional de Medicamentos.

El elegido por Funes es José Vicente Coto Ugarte, médico de profesión, quien hasta ayer había estado al frente del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). El lugar de Coto será ocupado por Nadia Jennifer Soundy.

La Ley de Medicamentos consta de 100 artículos y fue aprobada el 22 de febrero y sancionada por Funes el 2 de marzo del presente año.

Tres son los objetivos fundamentales de la ley aprobada: bajar los costos de los medicamentos tanto de marca como genéricos, mejorar el control calidad de éstos y el establecimiento de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), ente rector que velará y verificará  el cumplimiento de la ley.

La DNM estará conformada, según lo descrito en el Artículo 4 de la Ley, por un representante de cada una de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía (MINEC), Defensoría del Consumidor, Universidad de El Salvador (UES), una universidad privada y el director que este día fue nombrado.

Coto manifestó que actualmente trabajan para que la gestión de medicamentos sea de manera continua y para ello están en la elaboración de un documento de entendimiento con el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP)  para mantener la fluidez en el trabajo de autorización de medicamentos.

“Queremos asegurar que el espíritu de la ley pueda desarrollarse, asegurando a la población acceso a medicamentos de calidad a precio razonable”, señaló Coto. Asimismo dijo que tienen previsto iniciar esta misma semana la completa integración de la DNM.

La viceministra de Salud, Violeta Menjivar, calificó de positivo el hecho que ya se haya nombrado al director de la DNM, puesto que ahora “existe la mayor posibilidad de acelerar la ejecución de la Ley, que es una esperanza para el país, y con la nueva dirección se va a realizar lo que la ley señala, una regulación de precios y una mejor calidad de medicamentos”.


No se conoce su trayectoria

Margarita Posada, de la Alianza Ciudadana contra la Privatización de la Salud Pública (ACCSP), dijo que es un acto positivo el nombramiento del titular de la DNM, pero el hecho de no conocer la trayectoria de Coto lo único que ocasiona es que como sociedad civil le otorguen “el beneficio de la duda”.

“No tenemos muy claro de dónde procede él (Coto), nunca lo hemos visto en la discusión de temas vinculados a medicamentos, pero más que nada entendemos que es amigo personal del presidente (Funes). No ha tenido una trayectoria en la lucha o demanda dentro del mercado de medicamentos”, destacó Posada.

Señaló que para hablar del trabajo de Coto deberán esperar a que sus acciones demuestren que tiene un carácter y trayectoria capaz de enfrentar a la industria farmacéutica y “ponerla en orden, porque si bien es cierto debe ser conciliador, pero debe tener firmeza”.


Denuncian a Inquifar

Posada externó una preocupación más en torno a la aplicación real de la Ley y es que la Alianza ve como una amenaza el cambio que se avecina dentro de la Asamblea Legislativa el próximo 1 de mayo, día en que los diputados electos en marzo pasado tomarán posesión.

La Alianza prevé que el hecho que más diputados de ARENA estén dentro de la Asamblea Legislativa es un arma a favor de la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos (INQUIFAR) para modificar o derogar la Ley.

Carmen Pérez, directora ejecutiva de Inquifar, dijo que sí contemplan la posibilidad de entregar un recurso para pedir la modificación de varios artículos a la Ley y que de ser aceptados  “no beneficiaría a la industria, sino a la población en general”.

Por otro lado, Posada, denunció a la Asociación de Industriales Químicos Farmacéuticos (INQUIFAR) por haber iniciado una campaña, según ellos, sucia en contra de la Ley de Medicamentos, con el fin de “poner en contra a la población y hacerles ver que no les beneficiará en nada”.

Pérez asegura que la población es la más afectada por las prohibiciones de la Ley, por ejemplo, porque impide que dentro de las farmacias haya médicos que prescriban las recetas médicas y además que se pongan inyecciones en los establecimientos. La directora de Inquifar cuestiona si la población tendrá la posibilidad de pagar su consulta médica solo por “querer tomarse la presión o ponerse una inyección”.

En respuesta a esos argumentos la ACCSP dice en un comunicado que las prohibiciones no vienen desde la aprobación de la Ley de Medicamentos, sino que datan desde 1927 con la aprobación de la Ley de Farmacias.

“La Ley de Farmacias en el Artículo 57 prohíbe expresamente que se den consultas médicas en los establecimientos farmacéuticos, mandato que han irrespetado por 85 años, porque ellos mismos han manipulado al ente rector”, cita el comunicado de la ACCSP.