Por Edgardo Ayala

 

La mejor manera de recuperar los salarios no pagados es con abogados, dicen los ex agentes.

 

SAN SALVADOR. Un grupo de ex empleados de la compañía de seguridad Serconse, del extinto líder arenero Adolfo Tórrez, recurrirá a la vía judicial para recuperar los salarios por los meses trabajados (marzo, abril y mayo) y que la empresa, ahora en quiebra, no les canceló

 

La empresa se vino abajo luego de escándalos cuyo epicentro fue Tórrez, y se declaró en quiebra el 18 de junio del presente año.

 

La situación ya es crítica para los 2,900 guardias de la compañía, la gran mayoría de ellos provenientes de los estratos más bajos de la sociedad: ex soldados sin ninguna escolaridad y cuya única experiencia en la vida han sido las armas. Las señoras de las tiendas, allá en los pueblos y cantones, ya no les quieren fiar los huevos ni el arroz ni los frijoles para alimentar a sus hijos e hijas.

 

“Estamos desesperados”, dijo uno de esos ex guardias, que participó en una reunión con sus colegas de infortunio el pasado sábado 11 de julio, en el Parque Cuscatlán. Allí, un grupo de al menos 500 ex empleados de Serconse acordó, primero, obtener la personería jurídica para este grupo y, dos, iniciar por medio de un bufete de abogados una demanda judicial contra los directivos de la compañía.

 

Serconse fue fundada en enero de 1996 por, Adolfo Tórrez, el General Gustavo Adolfo Perdomo (acusado de participar, en los años de guerra civil, en la violación y asesinato de la enfermera francesa Madeleine Lagadec, ocurrido el 15 de abril de 1989). También estuvo en la conformación de la empresa el hermano del general Perdomo, Jorge Perdomo, así como el Coronel Julio César Grijalva, entre otros.

 

Pero luego de una reestructuración de la junta directiva, en marzo del 2008, sobrevivieron Jorge Perdomo, Ulises Fernández y Santiago Valencia. Tras ellos irán los abogados de los ex empleados.

 

La situación financiera de Serconse era delicada desde un tiempo atrás, pero sus malos manejos quedaron en evidencia tras los escándalos en los que se vio envuelto su principal ejecutivo, Adolfo Tórrez, un dirigente con bastante poder dentro de la dirigencia del entonces partido en el poder, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

 

Tras la derrota electoral sufrida por el partido el 15 de marzo pasado –con la cual entregó por primera vez el gobierno a un partido de izquierda –Tórrez dejó de ser el todopoderoso director departamental de San Salvador, en la dirigencia de Arena. Sin esa derrota, probablemente nunca se habría sabido que Serconse estaba en números rojos, y con un historial de manoseos en las licitaciones públicas.

 

Luego vino un golpe letal: A Tórrez lo pillaron en abril hablando telefónicamente con el diputado suplente Roberto Silva, detenido en Estados Unidos bajo cargos de lavado dinero y tráfico de drogas, y a quien el dirigente arenero le ofrecía liberarlo de los cargos que Silva tenía (y tiene) en El Salvador a cargo de una fuerte suma de dinero.

 

Por esas mismas fechas se sabría que Tórrez, gracias a sus contactos en el entonces gabinete de gobierno, amañaba las licitaciones para ganar los contratos de seguridad en ministerios y autónomas del estado [Leer más en: Plazas fantasmas de Tórrez y Serconse llegan a ANDA] . Luego vino el acabóse: Tórrez se suicidó (aparentemente) y la compañía quebró.

 

El camino más seguro

Uno de los afectados de Serconse, que prefirió omitir su nombre, dijo a ContraPunto que la ruta de la demanda judicial es la más viable para resolver la problemática. Dijo que de momento, existen fondos congelados de la compañía por el orden de los $3 millones, y que la ley establece que antes de cancelar otro tipo de deudas institucionales, los socios deben pagar primero los salarios adeudados de los empleados.

 

“Estamos en el trámite de entregarles el poder jurídico a los abogados, para que ellos inicien la demanda en cosa de dos semanas”, dijo el líder del grupo, que también prefirió omitir su nombre.

 

Sobre la empresa pesan dos embargos: uno de manos de Seguros del Pacífico, que pretende recuperar unos $300 mil en bienes de la compañía, y otro, de una compañía de factoraje.

 

De hecho, el nuevo presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Francisco José Gómez, dijo la semana pasada a ContraPunto que en esta autónoma hay cuentas por pagar a Serconse, pero están congeladas, y se está a la espera de una resolución de un juez que dicte si el dinero va a dar a aquellos embargos, o se paga el salario a los ex agentes de seguridad.

 

ContraPunto reveló que Serconse se inventó plazas fantasmas en ANDA recurriendo al mismo truco empleado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Una auditoría realizada por las nuevas autoridades del ISSS, conocida el pasado 10 de julio, confirmó las irregularidades previamente señaladas, pero la cifra del engaño resultó más alta: ya no eran 230 plazas fantasmas sino que 481.

 

Gómez dijo que ANDA cancelaba $385 por guardia a Serconse, pero la empresa pagaba a los agentes solo $180. “Eso era esclavitud”, señaló.

 

Pero ese camino no es compartido por los demás afectados de la compañía. Un grupo ha preferido recurrir a la presión política directa, con demostraciones frente al Congreso, por medio de las cuales pretenden que los diputados retomen el caso y se resulta el asunto vía algún decreto.

 

Otros han tomado el camino de las leyes laborales, ejerciendo presión sobre el Ministerio de Trabajo.

 

“Pero nosotros queremos hacerlo por la vía más inteligente, la de la demanda judicial”, dijo el líder del grupo que se reunió en el Parque Cuscatlán.